Foto: Eneas de Troya

Con la lle­ga­da de una nue­va pre­si­den­ta a Méxi­co en 2024, la agen­da de segu­ri­dad nacio­nal está nue­va­men­te en el cen­tro del deba­te públi­co. Méxi­co ha enfren­ta­do duran­te años altos nive­les de vio­len­cia, gran par­te de ellos atri­bui­dos al cri­men orga­ni­za­do. A medi­da que la nue­va admi­nis­tra­ción se esta­ble­ce, la ciu­da­da­nía, exper­tos y orga­nis­mos inter­na­cio­na­les están aten­tos a las polí­ti­cas y estra­te­gias que se imple­men­ta­rán para abor­dar estos pro­ble­mas. A con­ti­nua­ción, se ana­li­zan algu­nos de los posi­bles enfo­ques y desa­fíos que se pue­den espe­rar en el mediano pla­zo.

1. Continuidad y Cambios en la Estrategia de Seguridad

Uno de los aspec­tos más rele­van­tes a obser­var será si la nue­va pre­si­den­ta opta­rá por con­ti­nuar con las polí­ti­cas de segu­ri­dad imple­men­ta­das por la admi­nis­tra­ción ante­rior, como la estra­te­gia de mili­ta­ri­za­ción a tra­vés del des­plie­gue de la Guar­dia Nacio­nal, o si intro­du­ci­rá nue­vas ini­cia­ti­vas. La mili­ta­ri­za­ción ha sido un tema con­tro­ver­ti­do, y aun­que ha mos­tra­do cier­tos resul­ta­dos en el com­ba­te al cri­men orga­ni­za­do, tam­bién ha sido cri­ti­ca­da por su impac­to en los dere­chos huma­nos y su efi­ca­cia a lar­go pla­zo.

Es pro­ba­ble que el gobierno bus­que equi­li­brar la pre­sen­cia mili­tar con un for­ta­le­ci­mien­to de las ins­ti­tu­cio­nes civi­les de segu­ri­dad, tales como las poli­cías loca­les y esta­ta­les, que han sido debi­li­ta­das en los últi­mos años por fal­ta de capa­ci­ta­ción y recur­sos.

2. Refuerzo de la Coordinación Interinstitucional

Un desa­fío cla­ve para la nue­va admi­nis­tra­ción será mejo­rar la coor­di­na­ción entre las dis­tin­tas ins­ti­tu­cio­nes encar­ga­das de la segu­ri­dad. La fal­ta de coope­ra­ción y la dupli­ca­ción de esfuer­zos entre las fuer­zas fede­ra­les, esta­ta­les y muni­ci­pa­les ha sido seña­la­da como un obs­tácu­lo en la lucha con­tra el cri­men orga­ni­za­do. La nue­va pre­si­den­ta podría prio­ri­zar meca­nis­mos que per­mi­tan una mayor inte­gra­ción y flui­dez en la comu­ni­ca­ción entre estos cuer­pos, jun­to con la crea­ción de polí­ti­cas públi­cas que ase­gu­ren un mejor uso de los recur­sos en la pre­ven­ción del deli­to.

3. Atención a la Prevención Social del Delito

A la par de las estra­te­gias de con­ten­ción de la vio­len­cia, se espe­ra que la nue­va admi­nis­tra­ción enfo­que una par­te impor­tan­te de su estra­te­gia en polí­ti­cas de pre­ven­ción del deli­to. Esto podría incluir mayo­res inver­sio­nes en pro­gra­mas socia­les, edu­ca­ti­vos y labo­ra­les, espe­cial­men­te diri­gi­dos a jóve­nes en zonas vul­ne­ra­bles, con el obje­ti­vo de redu­cir la atrac­ción que el cri­men orga­ni­za­do ejer­ce sobre ellos.

El enfo­que en la pre­ven­ción es una deman­da cre­cien­te tan­to de sec­to­res aca­dé­mi­cos como de orga­ni­za­cio­nes civi­les que abo­gan por una estra­te­gia de segu­ri­dad que ata­que las cau­sas estruc­tu­ra­les de la vio­len­cia, como la pobre­za, el des­em­pleo y la des­igual­dad.

4. Reformas al Sistema de Justicia Penal

El for­ta­le­ci­mien­to del sis­te­ma de jus­ti­cia penal es otro de los ejes que se espe­ra que tome pro­ta­go­nis­mo. Los altos nive­les de impu­ni­dad en Méxi­co, en gran par­te pro­vo­ca­dos por la inefi­cien­cia de los meca­nis­mos de inves­ti­ga­ción y enjui­cia­mien­to, son una de las prin­ci­pa­les razo­nes por las que muchos deli­tos no se denun­cian ni se cas­ti­gan. La nue­va admi­nis­tra­ción podría impul­sar refor­mas que bus­quen hacer más efi­cien­tes los pro­ce­sos judi­cia­les, así como mejo­rar la capa­ci­ta­ción y con­di­cio­nes labo­ra­les de jue­ces, fis­ca­les y cuer­pos poli­cia­les.

5. Relación con Estados Unidos en Materia de Seguridad

Dado el impac­to trans­na­cio­nal del cri­men orga­ni­za­do, la coope­ra­ción entre Méxi­co y Esta­dos Uni­dos en mate­ria de segu­ri­dad segui­rá sien­do un fac­tor deter­mi­nan­te. En el pasa­do, ambos paí­ses han tra­ba­ja­do jun­tos a tra­vés de ini­cia­ti­vas como la Ini­cia­ti­va Méri­da, que ha faci­li­ta­do la cola­bo­ra­ción en áreas como el trá­fi­co de dro­gas, armas y tra­ta de per­so­nas. Es posi­ble que el nue­vo gobierno bus­que rene­go­ciar o revi­sar estos acuer­dos para ase­gu­rar que las prio­ri­da­des mexi­ca­nas en mate­ria de segu­ri­dad se refle­jen más cla­ra­men­te, al mis­mo tiem­po que se man­tie­ne una rela­ción de coope­ra­ción estre­cha con su vecino del nor­te.

6. Retos y Expectativas

Si bien la pre­si­den­ta enfren­ta enor­mes expec­ta­ti­vas para mejo­rar la segu­ri­dad en el país, tam­bién debe lidiar con desa­fíos estruc­tu­ra­les pro­fun­dos. El cri­men orga­ni­za­do sigue sien­do un actor pode­ro­so en muchas regio­nes, y la corrup­ción en los cuer­pos de segu­ri­dad y en el sis­te­ma judi­cial es un obs­tácu­lo sig­ni­fi­ca­ti­vo. Ade­más, la cre­cien­te pre­sión social para una estra­te­gia más huma­ni­ta­ria y res­pe­tuo­sa de los dere­chos huma­nos, espe­cial­men­te en comu­ni­da­des afec­ta­das por la vio­len­cia, será un aspec­to que la nue­va admi­nis­tra­ción ten­drá que con­si­de­rar.

En el mediano pla­zo, el éxi­to de las polí­ti­cas de segu­ri­dad depen­de­rá de la capa­ci­dad del gobierno para com­bi­nar medi­das de fuer­za con­tra el cri­men orga­ni­za­do con refor­mas pro­fun­das en las ins­ti­tu­cio­nes de segu­ri­dad y jus­ti­cia, así como una apues­ta deci­di­da por la pre­ven­ción social del deli­to. El enfo­que de la nue­va pre­si­den­ta en estas áreas será deter­mi­nan­te para mol­dear el futu­ro de la segu­ri­dad en Méxi­co y redu­cir los nive­les de vio­len­cia que han aque­ja­do al país en las últi­mas déca­das.